jueves, 19 de diciembre de 2013

Reforma de la constitución


Cuando se cumple el 35 aniversario de nuestra Carta Magna, estamos viendo cómo un número cada vez mayor de representantes políticos se manifiestan en pro de llevar a cabo una reforma constitucional, bien sea a favor de los independentismos (Alfredo Pérez Rubalcaba) o en su contra (Susana Díaz), para intentar frenar la crisis (Gerardo Iglesias), para eliminar el sistema bipartidista imperante en la actualidad (Pablo Sebastián) o en pos de una verdadera separación de poderes y listas abiertas en los partidos (Fernando Álvarez de Miranda, presidente del Congreso que firmó la Constitución).

Más allá de esas propuestas, es más que evidente que existe una enorme brecha entre nuestro texto constitucional y la realidad sociopolítica de nuestro país. Aparte de las limitaciones que la Constitución Española interpone ante los deseos de muchos colectivos y el desarrollo de la democracia en general (como es el caso de la anticuada Ley D’Hondt, de la prácticamente nula eficacia de la Iniciativa Legislativa Popular por su limitadísima regulación —sobre todo si la comparamos con la reciente Iniciativa Ciudadana Europea, regulada en términos mucho más generosos con el principio constitucional de participación—, o del indebido funcionamiento de la división de poderes, con demasiadas interferencias por parte del ejecutivo en los poderes legislativo —por medio del Decreto-Ley, en infinidad de ocasiones incumpliendo manifiestamente el requisito de «extraordinaria y urgente necesidad» que establece el artículo 86— y judicial—a través de la prerrogativa de gracia, residuo del absolutismo monárquico que, mediante el indulto, le permite rectificar o anular los efectos de las sentencias de los tribunales penales— y poco control de éste por parte del legislativo, concentrándose el poder en el Gobierno en detrimento del Parlamento) y de sus muchos anacronismos (Corona, Estado de la Autonomías o del «café para todos»), es obvio que nuestra Carta Magna nos otorga una serie de derechos que la realidad se obstina en arrebatarnos, ya sea debido a la situación económica, a la corrupción política, a los poderes fácticos o por mera incompetencia y negligencia de nuestros dirigentes.

También es patente el reverencial y desproporcionado respeto que los españoles, sobre todo nuestra inmovilista casta política, mostramos hacia cualquier idea de reforma en general y de nuestra Constitución en particular, bien por miedo a la inestabilidad o simplemente porque no ha existido el suficiente consenso entre las fuerzas políticas. En el imaginario colectivo, esta proverbial veneración hacia nuestro texto constitucional va normalmente asociada únicamente a los aspectos territoriales y monárquicos, cuando en realidad abarca muchas más cuestiones, que afectan al desarrollo social, político y económico, así como a la convivencia, toda vez que nuestra realidad ha cambiado sobremanera en los últimos 35 años (léase, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la sentencia 198/2012 del Tribunal Constitucional al respecto).

Como destaca en Diario del Derecho D.ª Susana Galera Rodrigo, muchas de cuyas reflexiones gloso más adelante, resulta cuando menos llamativo que textos constitucionales de nuestro entorno se hayan modificado varias decenas de veces, mientras que nuestra Constitución sólo ha sufrido dos modificaciones en sus más de treinta años de vigencia, y en ambos casos impuestas por imperativos del Derecho Europeo: una menor (la del artículo 13.2) y otra de urgencia (la del artículo 135). Como si se tratara de un laberinto, el propio texto restringe exageradamente la reforma del Título Preliminar, los Derechos Fundamentales y la Corona, para lo cual se necesita disolver las Cortes y juntar a ambos Parlamentos.

En cambio, existen una serie de artículos totalmente obsoletos cuya reforma debería plantearse:

• Artículos 9.2, 23, 66 a 69, 105 y 125: en la antigua dialéctica democracia representativa / democracia participativa, los ciudadanos experimentan cada vez una mayor desconfianza y desafección hacia las instituciones representativas, sintiendo como insuficiente su participación en la vida política que, demasiadas veces, se reduce a las correspondientes convocatorias electorales en las que optan entre varias opciones de listas cerradas de candidatos. El resultado, desagradable en muchos casos, es que se sustituye por el derecho de manifestación el negado derecho de iniciativa legislativa, con escasas opciones de prosperar (véase la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, rechazada inicialmente pese a contar con más de millón y medio de suscriptores, tomada en cuenta posteriormente debido al clamor popular, finalmente viciada y confeccionada a medida de la gran banca, y culminando, para más INRI, con los golpes en el pecho de nuestro gobierno, afirmando con su característico descaro que toda la iniciativa había partido de ellos desde un primer momento) debido a las limitaciones impuestas tanto por el artículo 87.3 como por la Ley Orgánica 3/1984 (es decir, de hace casi treinta años) que la regula. No provocan pues extrañeza las cifras resultantes de la suerte de las Iniciativas Legislativas presentadas: de un total de 90, sólo una ha resultado en una única Ley adoptada, 30 han sido inadmitidas, 4 se encuentran en tramitación en la actualidad (entre ellas la dación en pago y paralización de desahucios) y el resto han caducado o han sido rechazadas. Entre las inadmitidas se encuentran algunas de especial trascendencia social, como las que proponían el aumento del período de baja maternal (2006), la creación de un parque de vivienda social en régimen de alquiler (2011), la modificación de la ejecución hipotecaria (2011) o la eliminación de prebendas de la clase política cesada (2012).
Es claro el retraso español si lo comparamos con la Iniciativa ciudadana europea que, por ejemplo, no excluye ninguna materia (algunas de las iniciativas en tramitación no habrían pasado el filtro en el ámbito español, que no admite materias constitucionales, propias de ley orgánica o relativas a derechos fundamentales y libertades), establece un generoso plazo de doce meses —prorrogables— para recabar las firmas y exige un millón de firmas dentro de un territorio de 500 millones de habitantes (en España equivaldría a unas 83.000 firmas, en lugar de las 500.000 necesarias actualmente), todo ello adecuado a una evidente demanda social de participación política y acercamiento de las instituciones a los ciudadanos que no puede posponerse por más tiempo por parte de unas instituciones nacionales que han permanecido básicamente inalteradas desde su creación en el siglo XVIII y que deben adaptarse ya a las nuevas formas de ejercicio del poder público que demanda la sociedad del siglo XXI.
La casta política que se escuda tras nuestro insuficiente y debilitado texto constitucional debe dejar de hacer oídos sordos a una sociedad que exige de manera explícita y vehemente una mayor participación en la vida pública, que no se conforma con la pasividad o la delegación cada cuatro años. Mucho antes de la crisis, la forma de ver la política ya había cambiado en España; ya no se acepta que ésta se reduzca a lo que decidan unos cargos públicos muy reducidos o los grupos de presión. Los ciudadanos se sienten alejados de sus representantes y reclaman una mayor transparencia en el poder y una apertura de los partidos, no sólo por la incapacidad manifiesta de los dirigentes a la hora de gestionar la situación económica, sino fundamentalmente por las estrechas estructuras de nuestro sistema político, donde la Ley Electoral y los Reglamentos parlamentarios desempeñan un papel obsoleto y oxidado.
El sistema electoral ideado en 1978, basado en la provincia como circunscripción electoral, la ley d’Hondt como supuesta (pero fallida) garante de la proporcionalidad, y las listas cerradas, ha alejado a los parlamentarios de los electores hasta extremos difícilmente aceptables.
Asimismo, debería limitarse el número de mandatos consecutivos de los parlamentarios, endurecer las incompatibilidades y sanear la muy deficiente democracia interna de los partidos.

• Artículos 41, 43, 47 y 50: encuadrados dentro del Capítulo III del Título I («principios rectores de la política social y económica»), se trata del régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo; la protección de la salud pública; disfrutar de una vivienda digna y adecuada; y unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas que garanticen la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Según Diego López Garrido, estos cuatro artículos deberían moverse al Capítulo II del Título Preliminar y convertirse en derechos fundamentales. Sin embargo, las políticas de austeridad, agravadas por unos impuestos cada vez más regresivos, los han situado al borde del abismo. Un Estado del Bienestar que no nos retrotraiga a la Edad Media sólo puede garantizarse con un «sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad», tal y como reza el artículo 31. Si el recientemente reformado artículo 135 nos obliga a cumplir estrictamente con un equilibrio en las cuentas públicas para evitar el déficit (principio de estabilidad presupuestaria), pero a la vez queremos disfrutar de estos cuatro imprescindibles derechos (principio de suficiencia del sistema tributario), hay que gravar más a quienes tengan mayor capacidad económica y luchar en serio contra el fraude fiscal, en lugar de permitir inversiones en paraísos fiscales o en productos como las SICAV, promover el lavado de dinero negro por medio de amnistías fiscales a medida de los amigotes de la casta o hacer la vista gorda con el pequeño defraudador del tipo «¿con IVA o sin IVA?».
Hoy en día, la canallesca propaganda neoliberal ha conseguido lavar el cerebro de miles de españoles que, carentes de criterio, levantan su dedo acusador contra quienes se ven obligados a solicitar subsidios de desempleo o de cualquier otro tipo. Olvidan estos individuos que, mes a mes, todos los trabadores realizan una aportación económica, descontada en su nómina, para cubrir un posible período de desempleo. Muchos afortunados nunca necesitarán recurrir a esa reserva durante toda su vida laboral; muchos otros se verán obligados a ello, en algunos casos (los menos) incluso superando lo que hayan aportado anteriormente. Estos últimos son quienes sufren la ira y la inquina de los adláteres de los tertulianos de la TDT y determinadas emisoras de radio, obviando nuestros dos milenios de sedimento cristiano, uno de cuyos fundamentos es la solidaridad. Olvidan asimismo que, también mes a mes, todos los trabajadores y todas las empresas realizan sus correspondientes aportaciones económicas a la Seguridad Social para cubrir la asistencia sanitaria, las jubilaciones, etc. de millones de ciudadanos que han estado pagando por ello durante toda su vida laboral. La ineptitud de nuestros gobernantes para gestionar nuestros abultados impuestos no justifica que tengamos que sufrir la necedad de las arengas fanatizadas de docenas de tarugos indocumentados.

Artículo 57.1: ya que, incluso a estas alturas y «con la que está cayendo», la sola mención de la abolición de la monarquía y el establecimiento de una república resulta blasfemo para buena parte de la ciudadanía, por lo menos resultaría apropiado la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono que, por otra parte, contradice el principio (básico del ordenamiento jurídico español y universalmente reconocido) de igualdad sin discriminación por razón de sexo proclamado en el artículo 14, encuadrado dentro de los derechos y deberes fundamentales, y por ende prevalente sobre títulos de menor rango constitucional como es el de la Corona.
Ya en 1983 resultaba incomprensible e intolerable que, al ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estado español se obstinara en incluir la reserva de que dicha ratificación «no afectará a las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona española». Treinta años después, habiendo aprobado una flamante Ley de Igualdad, reservas y excepciones de este tipo suponen un anacronismo inaceptable. Las nuevas generaciones de españoles que desde entonces han hecho presencia en nuestra sociedad han incorporado a su cultura cívica el principio de la igualdad de sexos como un valor entendido que no necesita justificación alguna.
La supresión de la preferencia masculina en el acceso a la Corona respondería al sentir mayoritario del pueblo español con respecto a la discriminación por razón de sexo y nos situaría en la senda de otras monarquías europeas que nos han precedido a la hora de llevar a cabo esa supresión. Suecia instauró la plena igualdad por razón de sexo en la sucesión al trono en 1980, Holanda en 1983, Noruega (país que ha modificado su Constitución en repetidas ocasiones sin provocar catástrofe natural alguna) en 1990 y Bélgica en 1991.


Artículo 93: mientras que en Alemania (por poner un ejemplo), su jefa del ejecutivo (Angela Merkel) se las ve y se las desea para convencer a su Cámara Legislativa de la pertinencia de las posiciones que más adelante (con su autorización) mantendrá en el Consejo Europeo, nuestra versión es exactamente la contraria, pues nuestro jefe del ejecutivo (Mariano Rajoy) acude al Consejo Europeo, defiende la posición que, según su único criterio, estime más adecuada para España, y a la vuelta de su viaje, ya a toro pasado, relata en el Congreso los tratados europeos que ha ratificado, bien en persona, bien por medio de esa orwelliana pantalla de plasma que tanto regocijo provoca entre los reporteros patrios. Y es que nuestro lacónico artículo 93 (que, por otra parte, se desentiende de las consecuencias que se deriven de dichas ratificaciones) no llega tan lejos como el correlativo artículo 23 de la Ley Fundamental de Bonn, la cual impone a su poder ejecutivo, con carácter previo a constituirse en legislador comunitario, la obligación de consultar el criterio de su Parlamento cuando en los foros europeos se vayan a adoptar las decisiones políticas más importantes, así como de recabar la posición del Bundesrat (Cámara alta) cuando los intereses de los Länder (estados federados) resulten afectados. Así, se da la paradoja de que el Parlamento alemán debatiera en su día las condiciones del rescate a la banca española, debate que jamás se produjo en el Parlamento español (por no hablar del Gobierno, que se empecinó en negar que estuviéramos siendo rescatados).


Como indica el Informe sobre modificaciones de la Constitución Española, emitido por el Consejo de Estado en febrero de 2006, los textos constitucionales no pueden pretender ser definitivos, ni aspirar a permanecer intangibles, si se quiere que continúen sirviendo con fidelidad a los objetivos que se han marcado desde su origen. Las generaciones posteriores a la constituyente tienen también el derecho de revisar sus formulaciones. En tanto que fundamento de la convivencia colectiva, las constituciones no pueden ser indiferentes ni insensibles a los cambios relevantes que se producen en la comunidad. La adaptabilidad de las constituciones es un valor positivo para su pervivencia. Las más duraderas y estables son las que han sido capaces de introducir reformas parciales.
Nuestra realidad no es la misma que en 1978; Europa y el mundo han cambiado vertiginosamente a nuestro alrededor. Para preservar la vitalidad normativa del texto, resulta muy aconsejable que algunas de las disposiciones de nuestra Constitución se acomoden a ese cambio.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Food, Inc.


Documental estadounidense de 2008 dirigido por Robert Kenner y basado en los libros Fast Food Nation, de Eric Schlosser, y The Omnivore's Dilemma de Michael Pollan.

jueves, 24 de octubre de 2013

Dude, Where’s My Country? X

Traducción de un extracto del capítulo Cómo hablarle a su cuñado el facha del libro de Michael Moore ¿Tío, qué han hecho con mi país?


Reconozcámoslo: en casi todas las familias hay por los menos un reaccionario de derechas, y no hay gran cosa que se pueda hacer al respecto. Si se les escucha con atención durante un tiempo, se pueden oír sus débiles y lejanos gritos de socorro. Es evidente que sufren una patología excepcional que les está volviendo locos poco a poco. En su interior tienen mucho, mucho miedo. Y tienen miedo porque, en última instancia, son unos ignorantes. Son ignorantes en relación con la mayoría de la realidad que existe fuera de la suya propia. No tienen ni idea de lo que es ser negro, desesperadamente pobre o desear besar a alguien de su mismo sexo. Y es esta ignorancia básica la que los lleva a su insoportable y permanente estado de terror, el cual no tarda en convertirse en odio. Se consumen con un deseo irrefrenable de hacer daño a los demás, quizás no con sus propias manos pero sí consiguiendo que el Estado lo haga por ellos: «¡Quítenles los subsidios! ¡Despídanles de sus trabajos! ¡Ejecuten a esos cabrones! ¡Que se jodan!» Los caciques empresariales, religiosos y políticos saben exactamente qué botones apretar para tener de su lado a personas por lo demás decentes y bienintencionadas.


Creo que hay una manera de darle la vuelta a todo esto, de convertir a ese cuñado suyo. No estoy hablando de intentar hacer cambiar de opinión a los intolerantes terminales. No se trata de intentar ganarse a la derecha fanática. Me refiero a la gente que usted conoce y, sí, que ama. Cuidan bien a sus hijos, tienen casas bonitas, colaboran con la comunidad y siempre, aunque parezca mentira, votan a la derecha. No hay quien lo entienda. Tan majo como parece, ¿cómo es que se alinea con el partido de Atila el Huno? Mi teoría es que realmente no son de derechas. Simplemente están usando una palabra que asocian con tradición, sentido común y ahorrar dinero.


Pese a que está claro que estos «republicanos» no creen en la mayoría del programa de su partido y saben que hará más miserables muchos aspectos de sus vidas, se aferran a la etiqueta republicana por una única razón: están convencidos de que los «demócratas» van a subir los impuestos y robarles el dinero que han ganado con el sudor de su frente.


1. Garantice a sus amigos y familiares conservadores que no quiere su dinero, que no quiere que ganen menos ni que pierdan lo que ya tienen.


2. Cualquier argumento político que utilice debe ser sobre ellos y para ellos, puesto que ellos basan todas sus decisiones en la pregunta «¿Cómo me beneficia esto a mí?». Dígales: «esto es bueno para ti.» El conservador vive en primera persona del singular (yo, mi, me, conmigo) y ese es el egocéntrico lenguaje que debe utilizar si desea que le escuche.


3. Dese un paseo por la mente del conservador, donde encontrará miedo: miedo a la delincuencia, miedo de los enemigos, miedo al cambio, miedo a los que son diferentes y, por supuesto, miedo a perder dinero de cualquier manera. Si no pueden verlo (por ejemplo, si no hay parejas interraciales en su vecindario), les da miedo. Si no pueden tocarlo (trescientos años de esclavitud que tuvieron lugar hace mucho tiempo), no pueden entender por qué las cosas son como son. Si no pueden olerlo (si no hay incineradores industriales cerca de su casa) se piensan que el planeta está estupendamente.


4. Respételes como a usted le gusta que le respeten. Les estamos pidiendo que sean gente decente y que se preocupen de algo más aparte de su dinero. Si nosotros mismos no somos decentes, sobre todo en la manera en la que los tratamos o nos dirigimos a ellos, ¿en qué les estamos pidiendo que se conviertan? ¿En alguien como nosotros? Espero que no.


5. Dígales lo que le gusta de los conservadores. Sea sincero. Admita que hay muchas cosas que le gustan y en las que usted mismo cree. Dígaselo en voz alta a su cuñado facha. Dígale que usted también tiene miedo de ser víctima de un crimen y quiere evitar que los criminales se zafen de la cárcel. Dígale que, si alguien ataca a su país, usted será el primero en proteger a los indefensos. Dígale que a usted tampoco le gustan los gorrones, sobre todo aquél compañero de piso que tuvo en la universidad que jamás movió un dedo en las tareas del hogar y convirtió la casa en una pocilga. Así verá que, en muchos sentidos, usted es como él.


6. Reconozca que la izquierda ha cometido errores:
- Las drogas son malas. Te joden la vida, te convierten en un retrasado y echan a perder tu día a día.
- Los hombres y las mujeres son diferentes.
- En realidad es una mala idea tener relaciones sexuales antes de los 18. El precio que se paga por la precocidad en las relaciones sexuales es bastante alto: embarazos no deseados, enfermedades venéreas y acabar con una oreja más grande que la otra por tenerla siempre ladeada hacia la puerta por si los padres llegan a casa antes de tiempo.
- La MTV es una castaña. Ver imágenes de violencia, cómo unos tarados hacen burradas, y a los actores de The Real World, quienes a su vez parecen haber visto demasiados capítulos de The Real World, es la peor manera posible de echar la tarde.
- El vegetarianismo no es sano. Los seres humanos necesitamos proteínas, y muchas. ¡Menos brotes y más chuletas!
- El sol es bueno para usted. Su piel necesita al menos diez minutos diarios de exposición directa al sol para conseguir la indispensable dosis de vitamina D. Basta ya de embadurnar a sus hijos con filtros solares. Si realmente le preocupan las radiaciones ultravioleta y el cáncer de piel, pregúntese a sí mismo cuándo fue la última vez que asistió a una reunión de algún grupo ecologista para ayudar a mejorar las cosas.
- Las personas que cometen crímenes violentos deberían estar entre rejas. La gente peligrosa no debería estar en libertad. Sí, habría que ayudarlos. Sí, deberían rehabilitarse. Sí, deberíamos buscar maneras de reducir las raíces de la delincuencia. Pero nadie tiene derecho a atracarle o estafarle.
- Sus hijos no tienen derecho a la intimidad y debería prestar atención a lo que hacen.
- No todos los sindicatos son buenos y, de hecho, muchos de ellos son simplemente repugnantes. Hicieron suyo el nacionalismo conservador y convirtieron las iniciativas a favor de comprar productos locales en movimientos racistas.
- Volver a la Naturaleza es una idea estúpida. La Naturaleza no le quiere a usted cerca. Esa es la razón por la cual la Naturaleza creó las ciudades: ¡para mantenernos tan lejos como sea posible!
- Demasiada gente tiene una opinión arrogante sobre la religión y creen que las personas religiosas son una pandilla de ignorantes medievales. No es así: las personas religiosas tienen tanto derecho a su credo como las no religiosas a su falta de credo. Esta arrogancia es una de las grandes razones por las que las clases bajas siempre se ponen del lado de la derecha.
- Nixon, aunque los millones de muertos en el Sudeste asiático le perseguirán durante toda la eternidad, era más progresista que cualquiera de los presidentes que le han sucedido: su administración entabló conversaciones con China; contribuyó decisivamente a la protección de los derechos de las mujeres; fue el primer presidente en firmar acuerdos para el control de las armas nucleares; fue el responsable de la Ley del aire limpio de 1970, creó el Ministerio de recursos naturales y la Agencia de protección medioambiental; también hizo una tentativa de reforma del estado del bienestar que habría garantizado una renta para los pobres.


NUNCA utilice el argumento «moral» sobre por qué deberíamos gastarnos menos en defensa o por qué un niño enfermo tiene derecho a ser atendido. Llevamos años con esos argumentos y está demostrado que no funcionan con los conservadores. Así que guarde saliva y no olvide que lo único que les importa es ELLOS MISMOS. Comience cada punto con esta frase: «¡Quiero que ganes más DINERO!» Después intente analizar los asuntos con ellos utilizando las siguientes afirmaciones:


1. «¡Pagar más dinero a los trabajadores hará que ganes más dinero!» Cuando la gente no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, termina costándonos a todos mucho dinero. Si un trabajador tiene que pluriemplearse, su productividad baja en todos sus puestos de trabajo y no puede concentrarse en el objetivo concreto de ¡hacer que el patrón gane mucho dinero! Están preocupados, pensando en que tienen que llegar a ese otro trabajo para que su otro patrón gane mucho dinero. De esa manera, el empleado está cansado, comete más errores, tiene más accidentes, se marcha pronto y su desempeño en conjunto es más bajo que si se concentrara en un solo patrón. ¿Para qué quieres que ayude a enriquecerse a otro imbécil? ¡Si le pagaras un salario decente, pensaría solamente en ti! Si los empleados no llegan a fin de mes, a menudo terminan pidiendo ayuda a la beneficencia u otros servicios sociales y, ¿quién lo paga? USTED. ¿Para qué quiere que le suban los impuestos por problemas como esos cuando puede pagarlo usted directamente y, de rebote, mejorar su imagen? Elimine intermediarios y recoja los beneficios. Al pagar más dinero a sus empleados, ¿qué cree que hacen con ello? ¿Invertirlo en bolsa? ¿Esconderlo en paraísos fiscales? ¡No! ¡Se lo gastan! ¿Y en qué se lo gastan? ¡En los productos que usted vende! La clase trabajadora es la clase consumidora que le proporciona sus beneficios porque no ahorran nada: deambulan por los pasillos de la tienda de turno comprando cosas que realmente no necesitan, de tal modo que, cada euro que usted y otros jefes ponen en circulación en forma de salarios, se recicla casi inmediatamente y le llega de vuelta, mejorando su margen de beneficio y haciendo que suban sus acciones. Si les paga una miseria o les despide, ya no pueden comprar sus productos. Se convierten en la alcantarilla de la economía; algunos se vuelven delincuentes, y es entonces cuando van a por su Mercedes, no a por el desvencijado utilitario que está aparcado a la puerta de la casa de su vecino. ¿Por qué colocarse en una posición en la que puede convertirse en una víctima? Pague un sueldo decente, conceda aumentos, proporcione buenos beneficios sociales y podrá irse a su casa o a su palacio con la tranquilidad de saber que esos felices trabajadores no están arrancando los embellecedores de su coche, sino transfiriéndole directamente todo su dinero.


2. «¡La Sanidad universal le hará ganar dinero!» Si es usted empresario y sus empleados no tienen seguro de salud, va a repercutir negativamente en sus beneficios. Si faltan al trabajo, usted pierde dinero. Si aumenta el absentismo, usted pierde dinero. Si otros trabajadores hacen horas extraordinarias para compensar, usted pierde dinero. Si contagian sus enfermedades a los demás, usted pierde dinero. Si van a trabajar enfermos, usted pierde dinero. Sin embargo, los trabajadores que tienen un seguro de salud van al médico inmediatamente, les recetan un medicamento y se recuperan con rapidez. Si disponen de baja remunerada por enfermedad, se quedan en casa un par de días y vuelven enseguida al trabajo para seguir haciendo que usted gane dinero (y se sienten mejor con sus trabajos, porque se les trata bien, con lo que trabajan aún mejor). Está demostrado que los trabajadores cuyo seguro de salud cubre las consultas psiquiátricas o la medicina preventiva son más productivos y contribuyen más a la empresa. La inversión en un programa colectivo de cobertura sanitaria tiene enormes beneficios a corto plazo que al final le harán ahorrar una gran cantidad de dinero.


3. «¡Proporcionar guarderías a sus empleados le hará ganar dinero!» El absentismo supone una gran fuga en nuestro producto interior bruto. El empresario medio pierde casi 800 dólares al año por empleado debido a ausencias imprevistas. El 45 % del tiempo que un empleado está ausente se debe a razones personales o familiares, lo que quiere decir que papá o mamá han faltado al trabajo porque la niñera no se ha presentado, o los niños estaban enfermos y había que llevarlos al médico, etc. Esto, mi conservador amigo, le cuesta dinero a su negocio. Por el precio de una guardería en el propio local, la empresa puede ganar más dinero, usted puede ganar más dinero y las niñeras pueden conseguir trabajos de verdad con beneficios sociales. ¡Además, millones de defraudadores que pagan el cuidado de sus hijos en dinero negro podrán dejar de delinquir!


4. «¡Mantener el aire y el agua limpios hará que ahorre dinero!» Cada año la contaminación mata a 70.000 personas en los EE. UU., la misma cantidad que si sumáramos todas las muertes causadas por los cánceres de mama y próstata. El gobierno ha estimado que los costes sanitarios relacionados con la contaminación ambiental suponen de 40.000 a 50.000 millones de dólares anuales. Si consiguiéramos reducir los consumos de los automóviles por debajo de los seis litros cada cien kilómetros, en doce años ahorraríamos más petróleo del que podría extraerse en la Reserva Natural del Ártico, en la que Bush está tan ansioso de empezar a perforar. La manera más sencilla de reducir nuestra dependencia del petróleo extranjero es… ¡Utilizar menos petróleo extranjero! Y esto puede conseguirse fácilmente obligando a los fabricantes de automóviles a producir coches que consuman menos.


5. «¡Detener la guerra contra las drogas le hará ahorrar dinero!» Acorralar a los drogadictos y encerrarlos en la cárcel supone un enorme despilfarro de dinero. Enchironar a un drogata cuesta 25.000 dólares al año; proporcionarle tratamiento sólo 3.000. Incluso el más caro de los tratamientos cuesta unos 14.000 dólares anuales, mucho menos que la estancia en prisión. Cada dólar gastado en tratamiento le hace ahorrarle a usted, el contribuyente, tres dólares que no se gastan en policías, cárceles o en reemplazar el GPS que le han robado del coche. Los EE. UU. se gastan 20.000 millones de dólares al año en la guerra contra las drogas, una guerra que se pierde año tras año. Todos esos helicópteros de la policía que sobrevuelan la ciudad buscando plantas de marihuana podrían emplearse para atrapar a los próximos diecinueve terroristas. Estamos dejando al gobierno que luche en una guerra que no puede ganar. Además, que las drogas sean ilegales no va a hacer que dejen de consumirse. Lo único que significa es que usted, el inversor y empresario conservador, no está obteniendo ningún beneficio del negocio. Todos los beneficios se los llevan unos bribones.


6. «¡Dar mucho dinero a los colegios públicos le hará ganar dinero!» Cuando nuestras lamentables escuelas nos envíen una generación de idiotas y analfabetos al mundo laboral, ¿cómo demonios se supone que va usted a ganar dinero? Ahora mismo su oficina está llena de gente incapaz de escribir correctamente, incapaz de resolver mentalmente una operación matemática y que no saben enviar un paquete a Bolivia porque no tienen ni pajolera idea de qué es una “Bolivia”. ¿Se pregunta usted por qué le ha desaparecido la cartera y el macarra de enfrente le va a pegar un tiro? Pruebe con estas estadísticas: el 40 % de la población penitenciaria de los EE. UU. son analfabetos funcionales. ¡Caramba! ¿Cómo han llegado a ese punto? Entre los años 1980 y 2000, el gasto estatal en educación aumentó un 32 %. En el mismo período de tiempo, el gasto estatal en el sistema penitenciario aumentó un 189 %. El 75 % de los beneficiarios de asistencia social son analfabetos. ¿No cree usted que las cosas cambiarían un poco si supieran leer y escribir? No me refiero a cambiar para ellos, sino a cambiar para usted. Estamos hablando de muchas madres beneficiarias de asistencia social que podrían estar trabajando como esclavas para usted y haciéndole ganar dinero, si no fuera porque están atrapadas en la prisión de su analfabetismo. Edúquelas bien y recogerá la recompensa. Me deja completamente anonadado que los conservadores no hayan exigido, meramente por interés personal, que nuestras escuelas preparen a nuestros jóvenes para contribuir o incluso sobresalir en el mundo laboral. Se supone que los trabajadores tienen que proporcionarle grandes ideas y hacerle asquerosamente rico, pero en lugar de eso están ahí sentados en sus cubículos investigando sobre cómo bajarse el último disco de Melendi.


7. «¡Conseguirá muchísimo dinero si no vuelve a votar a un republicano!» Hace treinta años, si ganaba el equivalente a 50.000 dólares, era usted rico. Vivía en una casa grande y bonita, y había cientos o miles como usted en cada ciudad de los EE. UU. Pero todo eso comenzó a desmoronarse a partir de los años setenta, cuando las desigualdades salariares comenzaron a ampliarse. Mientras que los que tienen el privilegio de contarse entre el 1 % de la clase superior han visto cómo sus ingresos aumentaban un 157 % en los últimos veinte años, la clase media sólo ha conseguido un aumento del 10 %. Esos mismos republicanos de los que usted se considera parte no quieren saber nada de usted. Han reducido su plantilla, o le han despedido, o le tienen haciendo el trabajo de dos o tres personas a la vez. Han metido su dinero en el mercado de valores y lo han hecho desaparecer. Han conseguido que se aprobaran normativas fiscales que realmente sólo benefician a ese 1 %. Ahora mismo se están gastando el dinero de su jubilación en despilfarro tras despilfarro para enriquecer a sus amigotes. En pocas palabras, le han tomado a usted por tonto. Le tienen repitiendo todos sus tópicos mientras le roban la cartera. ¡No sea imbécil! Los republicanos le odian, y está claro que no tienen ninguna intención de ampliar su chiringuito para hacerle sitio a usted. ¡Espabile! Le están tomando el pelo. Y lo sabe. Es sólo que no se atreve a reconocerlo por no parecer estúpido. Olvídese de toda esa palabrería «republicana». Usted debería votar y trabajar por ese diputado que cumple con sus promesas de convertir a nuestras escuelas y bibliotecas en su principal prioridad, que se encarga de que la Sanidad llegue a todos los hogares, que exige que no vivamos en una sociedad de analfabetos, que apoya cualquier ley que aumente los salarios de los trabajadores y que acusa a los millonarios que han llevado a un país entero a la bancarrota. Al final, todo ello redundará en su propio beneficio.

martes, 15 de octubre de 2013

La corporación


La corporación (The Corporation), titulado en España Corporaciones. ¿Instituciones o psicópatas?, es un documental canadiense de 2003 que en tres entregas describe a la corporación multinacional moderna que hace 150 años no poseía poder. A partir de la constatación de que las empresas modernas, amparadas por el estatus de personas jurídicas, han ido adquiriendo derechos propios de los seres humanos personas físicas, el documental analiza la conducta social de las empresas a través de diversos ejemplos, y utilizando los criterios psiquiátricos con los que un psiquiatra evaluaría la conducta y la salud mental de un individuo cualquiera.
La evaluación de la "personalidad" de la persona jurídica que es la corporación, a partir de los criterios del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV), establece un paralelismo entre la conducta de la corporación moderna con ánimo de lucro y el comportamiento de un psicópata clínicamente diagnosticado. Las prácticas corporativas examinadas encajan con los síntomas que el DSM-IV considera definitorios de la psicopatía, atestiguado por el doctor Robert D. Hare, especialista de renombre en el campo de la psicología criminal.

jueves, 26 de septiembre de 2013

¿La raíz de todos los males?


De todos no, pero sí de muchos. Muchísimos. Las mayores atrocidades de toda la Historia se han cometido en el nombre de un libro o de un supuesto pacto divino entre un pueblo elegido y su dios. Junto con los nacionalismos, las religiones están detrás de millones de muertes, torturas, genocidios, crímenes y barbaridades de todo tipo. No creo que sean las religiones en sí la causa de ningún mal, sino quienes las adoptan de manera fundamentalista y con ánimo proselitista, excluyente y sectario. La religión es como un cuchillo de cocina con el que se pueden llevar a cabo tareas positivas, como cortar pan, pero también sirve para matar; puede ser una fuente de inspiración o una excusa para el mal.


«La religión es un insulto a la dignidad humana. Con o sin religión siempre habrá gente buena haciendo cosas buenas y gente mala haciendo cosas malas. Pero para que la gente buena haga cosas malas hace falta la religión» (Steven Weinberg).

viernes, 13 de septiembre de 2013

Derecho a la alimentación


Pese a verdaderos avances en diferentes países, tales como China, India o Sudáfrica, así como varios países de Latinoamérica y el Caribe, en general se ha progresado poco hacia el objetivo de reducir el número de víctimas del hambre y la malnutrición en el mundo. El número de personas que sufren el hambre ha venido aumentando todos los años desde 1996, alcanzando una estimación de 854 millones de personas en 2008. Todo ello a pesar de los compromisos de reducir el hambre a la mitad por parte de los gobiernos en la Cumbre del Milenio del año 2000 y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación del año 2002. Cada cinco segundos muere de hambre o enfermedades relacionadas con la malnutrición un niño menor de diez años.


Sin embargo, el hambre y la hambruna no son inevitables. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), en el mundo ya se produce comida suficiente como para alimentar a todos los niños, mujeres y hombres, pudiéndose alimentar a 12.000 millones de personas, casi el doble de la población mundial actual. Nuestro mundo es hoy más rico que nunca. ¿Cómo podemos aceptar que cada año mueran seis millones de niños menores de cinco años debido a malnutrición o enfermedades asociadas?


Todos los seres humanos tienen derecho a vivir con dignidad, sin pasar hambre. Ahora es el momento de mirar hacia delante, no hacia atrás, ya que todavía queda mucho por hacer en la promoción y protección del derecho a una alimentación adecuada. De hecho, uno de los principales problemas que quedan por resolver es la falta de coherencia interna del sistema de las Naciones Unidas entre los desarrollos positivos en algunos de sus sectores (por ejemplo, tal como demuestran las Directrices del Derecho a la Alimentación de la FAO) y la manera en la que las políticas y prácticas de otras agencias (FMI, Banco Mundial y OMC) socavan la protección del derecho a la alimentación.


Las políticas estatales en relación con el derecho a la alimentación muestran similares patrones contradictorios. Aunque los Estados reconocieron el derecho a la alimentación en las Declaraciones de la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación, con más de 150 Estados que forman parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), participan al mismo tiempo en políticas comerciales perjudiciales para el disfrute de los derechos humanos en otros países.


También hay otros asuntos importantes que aún quedan por abordar, como por ejemplo la exclusión y discriminación de los más vulnerables. Es necesario prestar una especial atención a la protección del derecho a la alimentación de los grupos desfavorecidos, particularmente las mujeres y los indígenas.


Otro fenómeno que afecta sobremanera al derecho a una alimentación adecuada a escala internacional lo constituyen los poderosos agentes no estatales: las empresas transnacionales. Mientras que cada vez son más poderosos, se carece de mecanismos de control para salvaguardarse contra las violaciones del derecho a la alimentación que algunos de ellos cometen en ocasiones.


Otros asuntos que quedan en la lista de cuestiones pendientes y que exigirán un gran trabajo en el futuro son la desertificación, los agrocombustibles y los refugiados por el hambre.


Aún así, también hay muchas esperanzas. Las Directrices del Derecho a la Alimentación se adoptaron en el Consejo de la FAO, y la elaboración del Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) está progresando, del mismo modo que los compromisos mundiales, regionales y nacionales para luchar contra el hambre.


¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS?
Esquizofrenia en el sistema de las Naciones Unidas y en las políticas de los Estados. Rechazo del derecho a la alimentación.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sostiene que las profundas contradicciones internas en la comunidad internacional constituyen un verdadero obstáculo para la materialización del derecho a la alimentación. Por un lado, agencias de las Naciones Unidas como FAO, WFP (World Food Programme o Programa Mundial de Alimentos), UNDP (United Nations Development Programme o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y UNICEF (United Nations Children’s Fund o Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) hacen hincapié sobre la justicia social y los derechos humanos y realizan un excelente trabajo de promoción del derecho a la alimentación, como demuestran por ejemplo las Directrices del Derecho a la Alimentación de la FAO. Por otro lado, las instituciones de Bretton Woods, junto con el gobierno de los EE. UU. y la Organización Mundial del Comercio, se niegan a reconocer la mera existencia de un derecho humano a la alimentación e imponen el Consenso de Washington sobre los Estados más vulnerables, acentuando la liberalización, desregulación, privatización y reducción de los presupuestos nacionales de los Estados, un modelo que genera grandes desigualdades en la mayoría de los casos. Hay tres aspectos en particular de este proceso general de privatización y liberalización que provocan consecuencias catastróficas para el derecho a la alimentación: la privatización de las instituciones y servicios públicos, la liberalización del comercio agrícola y el modelo de reforma agraria basada en el mercado. Tales políticas contradicen la resolución adoptada el 18 de diciembre de 2007 por la Asamblea General sobre el derecho a la alimentación, en la cual se pide al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que eviten todo tipo de acciones que puedan tener un impacto negativo sobre la materialización del derecho a la alimentación.


El Relator Especial opina que sus dos misiones a Níger demostraron claramente cómo el paradigma de desarrollo basado en el mercado, en gran medida impuesto por el FMI y el BM, ha sido perjudicial para la seguridad alimentaria de los más vulnerables. Por ejemplo, las políticas de recuperación de costes en centros de salud significan que la desnutrición de muchos niños pobres no está siendo tratada. La privatización de los servicios sociales gubernamentales, incluyendo la logística y el sistema de distribución de alimentos (OPVN) y el Servicio Veterinario Nacional, ha exacerbado la inseguridad alimentaria entre pequeños agricultores y ganaderos. Níger es rico en ganadería, con 20 millones de cabezas de ganado bovino, ovino y camellos, apreciados y exportados por todo el mundo desde tiempo inmemorial. Los animales constituyen ingresos esenciales para millones de nómadas y campesinos. Sin embargo, la privatización del Servicio Veterinario Nacional condujo al desastre: muchos ganaderos nómadas ya no pueden costear los precios de las vacunas, medicamentos y vitaminas que les cobran los proveedores comerciales.


La esquizofrenia del sistema de las Naciones Unidas también es particularmente evidente en relación con los asuntos de la propiedad de la tierra. A pesar de la importancia otorgada a los modelos de reforma agraria que promueven la reforma transformadora y redistributiva por medio de la comunidad internacional, todavía hay muchas contradicciones. En la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial y en el Plan de Acción de la Conferencia Alimentaria Mundial, la reforma agraria constituyó una parte fundamental de los compromisos establecidos. En la declaración de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, organizada por la FAO y el gobierno de Brasil y celebrada en Porto Alegre del 7 al 10 de marzo de 2006, 95 Estados reconocieron que una manera importante de asegurar el cumplimiento del derecho a la alimentación consiste en establecer una reforma agraria adecuada para garantizar el acceso a la tierra de los grupos marginados y vulnerables, así como en adoptar un marco legal adecuado y políticas de promoción de la agricultura tradicional y familiar. Al mismo tiempo, organismos como el Banco Mundial están promoviendo nuevos modelos de reforma agraria que hacen hincapié sobre el mercado y son compatibles con el Consenso de Washington, un paradigma «intrínsecamente opuesto a intervenciones políticas encaminadas a lograr la equidad social».


Los modelos de reforma agraria «basados en el mercado» o «negociados» del Banco Mundial intentan vencer la resistencia a la reforma agraria de las élites ofreciendo créditos a los agricultores sin tierra o empobrecidos para comprar tierras a los grandes terratenientes a precios de mercado, mientras el Estado desempeña un pequeño papel de mediación y provisión de crédito. Sin embargo, estos modelos dejan la lógica de la reforma agraria lejos de los conceptos de derecho a la tierra y redistribución y la acercan a la visión de que el acceso a la tierra sólo es posible a través de la compra de los terrenos a precios de mercado, a pesar de un contexto que históricamente ha venido produciendo desigualdades. La práctica continúa a pesar de las últimas críticas por parte del Relator Especial y muchas ONG y movimientos sociales, que aseguran que socava programas de reforma agraria más transformadores (por ejemplo, «Tierra para quienes la trabajan, no solamente para quienes puedan comprarla»).


El Relator Especial vio los límites del modelo «basado en el mercado» durante su misión a Guatemala. A pesar de que el gobierno está haciendo esfuerzos impresionantes para cambiar la situación, Guatemala sigue siendo uno de los países con mayores desigualdades del mundo. La propiedad de la tierra está extremadamente concentrada: El 2 % de la población posee hasta el 70-75 % de las tierras agrícolas, mientras que el 90 % de pequeños agricultores sobrevive con menos de una hectárea. Esta situación es el resultado de una larga historia de expropiaciones de tierras a los pueblos indígenas, exacerbada por una guerra civil de 36 años (1960-1996) durante la cual los militares y los terratenientes adquirieron el control de más tierras por la fuerza. En este contexto, la promoción por parte del Banco Mundial de una redistribución de la tierra basada en el mercado, materializada por la creación del fondo de tierras FONTIERRA para proporcionar créditos para adquisición de tierras, ha sido particularmente ineficaz. Excluye la adopción de medidas más importantes, previstas en los Acuerdos de Paz de 1996, tales como la creación de un sistema eficaz de registro de la tierra, la elaboración de un código agrario que reconozca las formas indígenas de propiedad de la tierra y el establecimiento de una jurisdicción agraria para resolver conflictos territoriales.


Falta de coherencia en las políticas de los Estados.
El segundo aspecto de esta «esquizofrenia» es que muchos Estados no son en absoluto coherentes en lo que concierne a sus propias prácticas. Con demasiada frecuencia, una parte de un gobierno se compromete a proteger y promover el derecho a la alimentación, mientras que otra toma decisiones o pone en práctica políticas que socavan directamente este derecho.


La gran mayoría de los Estados han reconocido el derecho a la alimentación en las Declaraciones de la Conferencia Alimentaria Mundial, así como las Directrices del Derecho a la Alimentación. Más de 150 Estados son miembros del ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y más de 193 del Comité de los Derechos del Niño. Tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación en todas sus políticas y decisiones. Hoy en día, desafortunadamente, hay una creciente falta de coherencia en las políticas aplicadas por los gobiernos, lo cual quiere decir, por ejemplo, que mientras por un lado siguen comprometidos con un enfoque del desarrollo basado en los derechos, por el otro adoptan políticas comerciales que pueden tener efectos negativos sobre los derechos humanos en otros países.


Refugiados del hambre.
Los refugiados del hambre son uno de los grupos más excluidos y discriminados. Se encuentran también entre los que más sufren la falta de coherencia en las políticas de los Estados. El Relator Especial sostiene que, para ser coherentes, los Estados deben ampliar la protección legal para proteger a las personas que huyen del hambre y de otras graves violaciones del derecho a la alimentación. Llama a la creación de un nuevo instrumento jurídico para reconocerlos como «refugiados del hambre» y concederles, como mínimo, el derecho de no devolución con protección temporal para no ser enviados a un país donde el hambre y el hambruna pongan en peligro sus vidas. Esta necesidad de reforzar la protección de las personas forzadas a abandonar sus hogares y tierras a causa del hambre fue reconocida por la Asamblea General en su resolución sobre el derecho a la alimentación.


Huyendo del hambre.
Millones de personas cruzan las fronteras internacionales y algunas tratan de llegar a los países desarrollados para escapar del hambre generalizada, especialmente aquellos provenientes del África subsahariana. Muchos tratan de llegar a las Islas Canarias desde Mauritania o Senegal. Según el gobierno de España, 37.685 migrantes africanos llegaron a las costas españolas en 2005. Otros 22.824 migrantes llegaron a Malta y a las islas de Italia, saliendo de Libia o Túnez. También tratan de llegar a Grecia a través de Turquía o de Egipto. En 2006, las autoridades españolas detuvieron al menos a 28.000 personas que llegaron a las Islas Canarias después de un peligroso viaje por alta mar hacinados en barcos de pesca. Muchos llegan en condiciones lamentables, demasiado débiles para caminar o ponerse de pie, y con desnutrición crónica. Sin embargo, la mayoría de ellos son detenidos e internados en centros de procesamiento o detención antes de ser repatriados por la fuerza a sus países de origen.


Nadie sabe cuántos miles de personas mueren al intentar hacer el viaje, pero con frecuencia aparecen cuerpos arrastrados a las playas o enredados en las redes de los pescadores. El 18 de diciembre de 2006, la prensa internacional informó de que, en un solo día, más de cien refugiados que se dirigían a España se habían ahogado en la costa de Senegal. Sin embargo, tal como señala Markku Niskala, Secretario General de la Federación Internacional de la Cruz Roja: «Esta crisis está siendo ignorada por completo: no es sólo que nadie acuda en ayuda de estas personas desesperadas, sino que ni siquiera hay ninguna organización que compile estadísticas que registren esta tragedia diaria.»


La respuesta de la Unión Europea a los refugiados del hambre africanos se enfoca cada vez más a militarizar los procedimientos de inmigración y las patrullas fronterizas. Una nueva institución, denominada Frontex, está formada por equipos de guardias fronterizos de intervención rápida. La «Operación Hera II» de Frontex involucró a botes, aviones y helicópteros de patrulla de España, Italia, Finlandia y Portugal operando a lo largo de las fronteras de Mauritania, Senegal y Cabo Verde para interceptar barcos y obligarlos a volver a la orilla inmediatamente. Parece ser que la creencia de los gobiernos europeos es que es posible tratar el drama de la migración como un problema militar y policial.


Proteger a las personas que huyen del hambre.
La mayoría de las personas que huyen del hambre ven denegada su entrada y protección en otros países porque no reúnen los requisitos para ser calificados como «refugiados» en su sentido tradicional y legal. Según el derecho internacional, todos los gobiernos tienen la obligación legal de acoger a los solicitantes de asilo, así como de proporcionar protección a los refugiados. Sin embargo, la definición de «refugiado» queda muy limitada por la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967.


Pocas personas que huyen del hambre reciben alguna de las protecciones inherentes a la condición de refugiado o el derecho de no devolución, incluso cuando corren el riesgo de graves violaciones del derecho a la alimentación, equivalentes a una amenaza para su vida. La mayoría de las personas que huyen a través de las fronteras internacionales para escapar del hambre y la inanición reciben un trato de «migrantes ilegales por razones económicas». Sin embargo, la mera insinuación de que las personas que huyen del hambre y la inanición son simplemente «migrantes por razones económicas» y no se ven obligados a emigrar, sino que simplemente han optado por buscar una vida mejor, implica no reconocer la amenaza para sus vidas que supone la situación a la que se enfrentan. Es absurdo insinuar que las personas que huyen del hambre y la inanición lo hacen «voluntariamente». El Relator Especial insiste en este punto crucial: los refugiados del hambre no deben confundirse con los «migrantes por razones económicas». Cuando un «migrante por razones económicas» busca una vida mejor emigrando a otro país, lo hace voluntariamente. Por el contrario, los refugiados del hambre no se trasladan voluntariamente, sino por un «estado de necesidad»: se ven obligados a huir. Sobre todo cuando el hambre ataca a un país por completo o a una región entera (por ejemplo la hambruna de 2005 en la zona del Sahel del África subsahariana), los refugiados del hambre no tienen otro remedio que huir a través de las fronteras internacionales. El hambre plantea una amenaza inmediata para sus vidas y las de sus familias. Huyen por necesidad, no por su propia elección. El concepto de «estado de necesidad» (état de nécessité) es una noción bien desarrollada y establecida en los países con derecho consuetudinario y código civil.


En lo que concierne al hambre y la inanición, no es difícil establecer objetivamente tal estado de la necesidad. Tanto el Programa Mundial de Alimentos como la FAO emiten regularmente informes que identifican las regiones donde hay emergencias alimentarias crónicas e incluso el número de personas que sufren de niveles de desnutrición agudos y crónicos. Por lo tanto, basándose en este concepto, sería posible establecer quién huye del hambre y la inanición y no por otras razones, así como prever la protección de los refugiados del hambre por medio del reconocimiento de que tienen el derecho a solicitar asilo y a recibir protección como refugiados temporales. El Relator Especial insta a los Estados a considerar la creación de un nuevo instrumento jurídico para proteger a las personas que huyen del hambre y las violaciones del derecho a la alimentación.


Nuevos y poderosos actores no estatales: las empresas transnacionales.
Un fenómeno que afecta al derecho a la alimentación es el creciente control de vastos sectores de la economía mundial por corporaciones transnacionales. En la actualidad, las doscientas principales corporaciones controlan aproximadamente una cuarta parte del total de los activos productivos mundiales. Muchas empresas transnacionales tienen ingresos que superan con creces aquellos de los gobiernos de los países en los que operan. La concentración ha generado enormes corporaciones transnacionales que monopolizan la cadena alimentaria desde la producción, el comercio y el procesamiento hasta la comercialización y la venta al por menor de alimentos, dando como resultado un estrechamiento de las opciones para agricultores y consumidores. Sólo 10 corporaciones, entre las cuales están Aventis, Monsanto, Pioneer y Syngenta, controlan un tercio del mercado de semillas, valorado en 23.000 millones de dólares, y el 80 % del mercado mundial de pesticidas, valorado en 28.000 millones de dólares. Otras 10 corporaciones, entre las que se encuentra Cargill, controlan el 57 % del total de ventas de los treinta principales minoristas del mundo, y representan el 37 % de los ingresos de las cien principales empresas de alimentación y bebidas.


Aunque la participación de las empresas del sector privado en los sectores alimentario y agrícola puede mejorar la eficiencia, tal concentración de poder monopolístico conlleva el peligro no beneficiar ni a los pequeños productores ni a los consumidores. Por ejemplo, el diseño de semillas genéticamente modificadas ha estado en gran parte motivado por la creación de una integración vertical entre semillas, pesticidas y producción para aumentar los beneficios empresariales. La FAO ha revelado que el 85 % de todas las plantaciones de cultivos transgénicos son soja, maíz y algodón, modificados para reducir los costes laborales y de insumos para los sistemas de producción a gran escala, pero no diseñados «para alimentar al mundo o aumentar la calidad de los alimentos» (L. O. Fresco, ¿Qué camino tomamos? Aprovechamiento de los recursos genéticos y utilización de la biología: un nuevo contrato para la agricultura sostenible). No se ha realizado ninguna inversión seria en ninguno de los cinco cultivos más importantes de los países más pobres: sorgo, mijo, frijol, garbanzo y cacahuete. Sólo el 1 % de los presupuestos de investigación y desarrollo de las empresas multinacionales se gasta en cultivos que podrían ser útiles para los países en desarrollo en las regiones áridas.


Por otra parte, las empresas transnacionales tienen un poder cada vez mayor sobre el suministro de agua, que está cada vez más liberalizado en todo el mundo. En muchos casos, la participación del sector privado en los servicios de agua se ha convertido en una condición previa del FMI y el Banco Mundial para la concesión de préstamos y donaciones a los países en desarrollo. Apenas tres empresas, Veolia Environnement, anteriormente Vivendi Environnement, Suez Lyonnaise des Eaux y Bechtel (Estados Unidos), controlan la mayoría de las concesiones privadas en todo el mundo.


Pruebas recientes sobre la privatización del agua indican que, aunque en algunos casos puede conllevar una mayor eficiencia, a menudo implica precios más altos fuera del alcance de los más pobres. El caso de Cochabamba, Bolivia, se hizo famoso. Un estudio sobre la privatización de los servicios de agua en Manila muestra algunos efectos positivos, con un millón más de conexiones a la red entre 1997 y 2003, pero el precio también aumentó un 425 %, consiguiendo que dichos servicios fueran demasiado caros para los pobres. El estudio sugiere que se discrimina a los más pobres por partida doble, ya que los precios son más altos en las comunidades más pobres y la calidad del agua se ha deteriorado rápidamente en las zonas más pobres de la ciudad. El estudio concluyó que no había ningún mecanismo independiente para la rendición de cuentas y que las poblaciones afectadas no fueron capaces de participar en el proceso. WaterAid y Tearfund han presentado las mismas conclusiones en un estudio financiado por el gobierno del Reino Unido sobre los efectos de la privatización del agua en diez países en desarrollo.


A pesar del hecho de que las empresas transnacionales controlan cada vez más nuestro suministro de agua y comida, todavía hay relativamente pocos mecanismos establecidos para garantizar que se respetan las normas y no se violan los derechos humanos. El exsecretario general Boutros-Ghali señaló en 1996 que el alcance global de las empresas transnacionales no iba parejo a un sistema de rendición de cuentas global y coherente.


En muchos casos, las empresas transnacionales han optado voluntariamente por acatar las normas de derechos humanos por medio de la adopción de códigos de conducta y políticas internas. Nestlé es un buen ejemplo. Sin embargo, varias organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por el hecho de que Nestlé domina el mercado de sucedáneos de la leche materna en muchos países, mientras que sus prácticas de comercialización violan el Código Internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna (www.ibfan.org) acordado internacionalmente. Las agencias de las Naciones Unidas, incluyendo UNICEF, han expresado preocupaciones similares.


Erradicar el hambre y alcanzar completamente el derecho a la alimentación dependerá por tanto de los esfuerzos para abordar los problemas globales de la degradación y desertificación de la tierra, así como de la aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África. Desafortunadamente, se han destinado pocos recursos para las tierras áridas rurales. Los esfuerzos internacionales para combatir el hambre (incluyendo las estrategias para la reducción de la pobreza) todavía prestan poca atención a los problemas de la degradación de la tierra y la desertificación. Los donantes sí que responden a las sequías severas ofreciendo ayuda alimentaria, pero hacen poco en lo que concierne a la ayuda al desarrollo a más largo plazo, que sería la manera de romper el ciclo de las repetidas sequías, la degradación y la miseria. La ayuda alimentaria salva vidas, pero no proporciona medios de subsistencia: no es una solución a largo plazo, como ha podido comprobar el Relator Especial en varios países del Sahel y el cuerno de África.


Biocombustibles.
Una cuestión muy preocupante para el derecho a la alimentación es el efecto de los biocombustibles sobre el hambre. En su último informe a la Asamblea General, el Relator Especial calificó como una receta para el desastre la mal concebida y repentina fiebre por convertir en combustibles alimentos tales como el maíz, el trigo, el azúcar y el aceite de palma. Se estima que se necesitan unos 200 kg de maíz para llenar el depósito de un coche (unos cincuenta litros) con biocombustibles, comida suficiente para alimentar a una persona durante un año. Hay por lo tanto serios riesgos de fomentar una batalla entre alimento y combustible que dejará a los pobres y hambrientos de los países en desarrollo a merced del rápido aumento de los precios de los alimentos, la tierra y el agua. Si continúan los métodos agroindustriales para convertir los alimentos en combustible, entonces también se corre el riesgo de que dé lugar a desempleo y violaciones del derecho a la alimentación, a menos que se establezcan medidas específicas para asegurar que los biocombustibles contribuyan al desarrollo de los pequeños campesinos y la agricultura familiar.


La repentina eclosión del interés por los biocombustibles se hace evidente en el aumento masivo de la inversión y el establecimiento de ambiciosos objetivos en relación con los combustibles renovables en los países occidentales. La Unión Europea exige que los biocombustibles proporcionen el 5,75 % de la energía del transporte en Europa para el año 2010 y el 10 % para el 2020. Los EE. UU. han establecido objetivos para aumentar el uso de biocombustibles para la energía hasta los 35.000 millones de galones al año (más de 132.000 millones de litros). Pero la producción agrícola de los países industrializados no puede alcanzar estos objetivos. Por lo tanto, para satisfacer estas necesidades, los países industrializados del norte ponen su mira en la producción de los países del hemisferio sur.


Aumentar la producción de biocombustibles podría traer consecuencias positivas para el cambio climático y para los agricultores de los países en desarrollo, incluso mejorando la seguridad alimentaria, siempre que los beneficios se filtraran hacia las capas más bajas. Sin embargo, el hecho de que el aumento de la producción de biocombustibles haya resultado en mayores niveles de hambruna resulta inaceptable. El mayor riesgo se debe a que la dependencia del modelo de producción agroindustrial no podrá beneficiar a los campesinos pobres y generará violaciones del derecho a la alimentación.


El respetado comité de expertos internacional IFPRI (International Food Policy Research Institute o Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias) ha estimado que los precios subirán dramáticamente en un futuro próximo si se aumenta la producción de biocombustibles, pronosticando un aumento del 20 % en el precio internacional del maíz entre 2008 y 2010, y otro 41 % para el año 2020. Ya hay informes que indican que el precio global del maíz se ha duplicado en el último año. Los precios de los cultivos de aceite vegetal, especialmente la soja y el girasol, podrían aumentar un 26 % para el año 2010 y un 76 % para el 2020, mientras que los precios del trigo podrían aumentar en un 11 % y luego un 30 %. En las regiones más pobres del África subsahariana, Asia e Hispanoamérica, el precio de la mandioca podría aumentar en un 33 % y hasta un 135 % en 2020. Las consecuencias de un aumento tan rápido en los precios de los alimentos serían graves. El IFPRI pronostica que el número de personas que sufren de desnutrición se incrementará en 16 millones de personas por cada punto porcentual de aumento en el precio real de los alimentos de primera necesidad. Así, para el año 2025, 1200 millones de personas estarían padeciendo hambruna.


El cambio a los biocombustibles tendrá muchos otros impactos sobre el derecho a la alimentación. Un rápido incremento en el precio de los cultivos alimentarios intensificará la competición sobre la tierra y otros recursos naturales, incluyendo las reservas forestales. Esto enfrentará a campesinos y comunidades indígenas de los bosques con las megacorporaciones agroindustriales y los grandes inversores, que ya están comprando grandes extensiones de terreno o forzando a los campesinos a abandonar sus tierras. También podría haber repercusiones sobre el empleo y las condiciones de trabajo. Aunque el aumento en la producción de biocombustibles podría ofrecer mejor empleo, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra de Brasil (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) ya se ha manifestado contra las condiciones de «esclavitud» a las que se enfrentan los trabajadores en algunas de las plantaciones de caña de azúcar del país. Por último, también habrá impactos sobre el aumento de los precios y la escasez de agua. La producción de biocombustibles necesitará grandes cantidades de agua, desviando el agua de la producción de cultivos alimentarios.


Cada vez menos convencidos del impacto positivo neto de la producción de biocombustibles sobre las emisiones de dióxido de carbono, las organizaciones no gubernamentales han comenzado a exigir una moratoria mundial sobre la expansión de los biocombustibles hasta que los potenciales impactos sociales, ambientales y de derechos humanos puedan examinarse por completo y se pongan en marcha las estructuras reguladoras apropiadas para prevenir o mitigar cualquier impacto negativo. Para el Relator Especial, en lugar de utilizar cultivos alimentarios, los biocombustibles deberían obtenerse de plantas no alimenticias, especialmente aquellas que puedan cultivarse en regiones áridas y semiáridas, y de residuos agrícolas, de tal manera que se reduzca la competencia por el alimento, la tierra y el agua. El Relator Especial pide una moratoria de cinco años en todo el mundo sobre la producción de biocombustibles y de biocombustibles diesel.


¿QUÉ ESPERANZA NOS QUEDA?
Directrices del derecho a la alimentación.
Las Directrices del derecho a la alimentación, aprobadas en noviembre de 2004 por el Consejo de la FAO, marcan un paso importante en la definición y aplicación del derecho a la alimentación.


Las Directrices del derecho a la alimentación son pioneras en la medida en que proporcionan una definición internacionalmente aceptada de éste. La definición adoptada por los gobiernos refleja fielmente la adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También refleja la interpretación ofrecida por el Comité de que los Estados están obligados a «respetar, proteger y cumplir» el derecho a una alimentación adecuada. Esto tiene implicaciones importantes para la aceptación de este marco a lo largo de todos los derechos económicos, sociales y culturales.


Las Directrices del derecho a la alimentación también son pioneras en la medida en que reconocen la dimensión internacional relacionada con el derecho a la alimentación y tratan cuestiones como el comercio internacional, la ayuda alimentaria y los embargos. Esto es importante porque amplía la comprensión del derecho a la alimentación más allá de la tradicional relación entre un Estado y sus ciudadanos hacia un mayor reconocimiento de las obligaciones «extraterritoriales». Este conjunto de directrices también trata cuestiones relativas a los agentes no estatales, fomentando la responsabilidad directa sobre el respeto al derecho a la alimentación y una mejor regulación de los mercados para garantizar la seguridad alimentaria.


Las directrices también muestran cómo el derecho a la alimentación puede incorporarse en las instituciones y las estrategias de los gobiernos. Demuestran cómo los principios fundamentales de los derechos humanos (no discriminación, participación, transparencia, responsabilidad y acceso a la justicia) pueden incorporarse en un enfoque basado en los derechos a la seguridad alimentaria. También apelan a los Estados para la promoción de un «amplio desarrollo económico que apoye sus políticas de seguridad alimentaria», para que «lleven a cabo políticas integradoras, no discriminatorias y sólidas en su economía, agricultura, pesca, bosques, utilización del suelo y, según proceda, reformas agrarias» y para incorporar el derecho a la alimentación en las estrategias de reducción de la pobreza. También instan a los Estados para que «consideren los defectos de los mecanismos de mercado en la protección del medioambiente y los servicios públicos esenciales», particularmente para las mujeres y los grupos vulnerables. Las Directrices del derecho a la alimentación apelan a los Estados para que establezcan mecanismos para informar a la gente de sus derechos y para mejorar el acceso a la Justicia en relación con el derecho a la alimentación.